La defensa de Marset solicita anular la incautación de cuentas de criptomonedas
La defensa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ha presentado una moción ante un tribunal estadounidense para anular la incautación de cuatro cuentas de criptomonedas, argumentando que la Fiscalía utilizó un fundamento incorrecto para justificar la medida. Marset fue aprehendido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra y actualmente se encuentra en Estados Unidos a la espera de su juicio.
Los abogados Sandi S. Rhee, Robert Feitel y Joseph King, bajo la coordinación del jurista uruguayo Santiago Moratorio, argumentan que la orden de incautación emitida el 23 de abril por un agente de la DEA se basó en una investigación sobre narcoterrorismo, cuando la acusación actual contra Marset está relacionada con el lavado de activos.
La defensa sostiene que esta discrepancia es una fallo significativo y no un simple error, ya que la causa probable para la incautación no se relaciona con el delito que se investiga formalmente. En su moción, citan la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que limita las incautaciones y exige que estén basadas en una causa probable sólida.
Además, cuestionan la jurisdicción de la orden, argumentando que el documento no especifica la ubicación de las cuentas ni justifica la intervención de la Justicia estadounidense sobre activos controlados por una compañía en El Salvador. La defensa afirma que la orden de incautación no menciona la ubicación de las cuentas y que no se prueba que los servidores de Tether, la empresa involucrada, se encuentren en Estados Unidos.
Los abogados también refieren que las autoridades identifican a Marset como un narcotraficante transnacional, pero no se menciona ninguna relación con actos de terrorismo, a pesar de que esa fue la justificación utilizada para la incautación. La defensa plantea que el tribunal debe analizar si la orden cumplió con los requerimientos legales para proceder con la confiscación de los activos.
La petición de la defensa ahora está en manos de la Justicia estadounidense, que deberá determinar si existen fundamentos legales suficientes para la incautación y si corresponde ejercer jurisdicción sobre cuentas de criptomonedas que están radicadas fuera del territorio estadounidense.
