Más de 100 acciones de inconstitucionalidad se encuentran en el TCP
Actualmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) está procesando más de 100 acciones de inconstitucionalidad relacionadas con leyes y decretos que siguen activos. Entre los casos más destacados se encuentran los relacionados con la normativa sobre terrorismo y la carrera administrativa, así como el Decreto Supremo 5515, que faculta al presidente Rodrigo Paz a gobernar desde el extranjero mediante plataformas digitales.
El magistrado Boris Arias mencionó que, según el artículo 4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), todas las normas del Estado se presumen constitucionales hasta que el TCP se pronuncie en contrario. Esto implica que las leyes y decretos cuestionados seguirán aplicándose en la práctica mientras se espera una resolución del tribunal.
Arias hizo estas declaraciones en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el estado del proceso de inconstitucionalidad del mencionado decreto. Subrayó que los magistrados del TCP deben trabajar bajo el marco de la Constitución Política del Estado, sin dejarse influir por conflictos políticos.
"Contamos con más de 100 demandas de inconstitucionalidad aceptadas, y todas esas disposiciones continúan vigentes hasta que sean declaradas inconstitucionales por el TCP. Los jueces penales y administrativos están aplicando leyes como la de terrorismo y la carrera administrativa, a pesar de los recursos presentados", destacó el magistrado.
Arias también informó que, por lo general, las causas se tramitan en el orden en que fueron ingresadas al TCP. Si se desea un tratamiento más rápido de un caso, debe solicitarse formalmente. Además, aclaró que es la Sala Plena la que decide sobre las acciones normativas y no un solo magistrado.
El magistrado instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a avanzar con la aprobación de proyectos de ley que permitan establecer un control de constitucionalidad efectivo. Según él, es esencial que se constituya un tribunal con al menos cinco magistrados para garantizar un servicio adecuado de control normativo.
