Productores cañeros y mineros exigen la derogación del DS 5676 por el incremento del diésel
El sector cañero de Santa Cruz se movilizó ayer hacia las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para manifestar su rechazo al Decreto Supremo 5676. Los productores, liderados por Óscar Alberto Peña, dejaron “chala” en las puertas de la entidad estatal como símbolo de protesta, señalando que la nueva norma establece precios diferenciados para el diésel, lo que consideran una medida discriminatoria que aumentará sus costos de producción.
Los cañeros exigen que se derogue el decreto y solicitan al Gobierno que trabaje en una nueva normativa consensuada. Peña recordó que en ocasiones anteriores, cuando se eliminó la subvención al diésel, la producción del sector se redujo a la mitad debido al aumento de los costos, lo que podría repetirse con las consecuencias que esto tendría en los precios de los productos en los mercados.
Además, el dirigente anunció que se llevará a cabo una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde se discutirán nuevas acciones de protesta en contra del decreto y se buscarán soluciones para asegurar la continuidad de la producción.
Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también demandó la anulación del DS 5676, rechazando las exigencias del Gobierno de presentar alternativas. Josué Caricari, presidente de Fencomin, enfatizó que es responsabilidad del Gobierno ofrecer soluciones concretas y no imponer decretos.
El DS 5676 establece un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos), mientras que el precio anterior de Bs 9,80 se mantiene para otros consumidores. La normativa busca reducir la carga fiscal relacionada con la importación de diésel por parte de YPFB, pero ya genera descontento en sectores productivos.
Fencomin advirtió que el incremento en el precio del diésel afectará negativamente tanto al sector productivo como a los trabajadores y sus familias, reiterando su estado de emergencia y la solicitud de anulación del decreto.
