Propuesta de ajuste tarifario para el transporte público en Sucre
El analista económico Miguel Ángel Amonzabel presentó una propuesta para ajustar las tarifas del transporte público en Sucre, basada en dos estudios de tarifación de 2014 y 2022. Esta iniciativa surge en respuesta al incremento de costos en el sector, incluyendo insumos, lubricantes y repuestos, afectando especialmente a las ciudades del sur por la menor cantidad de pasajeros en comparación con el eje central del país.
Amonzabel estima que un micro realiza un recorrido promedio diario de 92 kilómetros y que cada ruta tiene alrededor de 341 pasajeros. El análisis también considera el impacto del precio del diésel, que representa entre el 60% y 70% de los costos operativos en la ciudad. Según el experto, un micro consume aproximadamente 36 litros de diésel al día, lo que limita considerablemente las ganancias de los conductores.
Con una recaudación bruta promedio de Bs 600 al día y un gasto de más de Bs 350 en combustible, los conductores solo disponen de Bs 250 para cubrir la depreciación del vehículo y su salario diario. Esta situación subraya la necesidad de un ajuste tarifario que sea razonable tanto para los transportistas como para los usuarios.
Amonzabel sostiene que no se puede mantener el costo del pasaje congelado debido a la constante subida de insumos. Sin embargo, también advierte sobre el peligro de aumentar las tarifas de manera excesiva. Asegura que si el costo del pasaje se incrementa de forma desmedida, los ciudadanos podrían reducir sus desplazamientos o incluso optar por caminar.
Esta disminución en el número de pasajeros podría generar un efecto negativo en el sector transporte, llevando a que el aumento en la tarifa no compense las pérdidas, lo que a su vez podría resultar en la quiebra de rutas y una reducción de ingresos para los conductores, afectando aún más la economía de la ciudad.
Para abordar esta problemática, Amonzabel propone que la Alcaldía de Sucre asuma un papel activo con tres acciones clave: evaluar los costos de operación, establecer un diálogo continuo con los transportistas y garantizar un sistema tarifario equitativo que considere la capacidad de pago de los usuarios.
