Proyecto de ley permitirá a Tarija recuperar más de Bs 13 millones del IDH
La reciente aprobación de un proyecto de ley por parte de la Cámara de Senadores plantea que el Gobierno Nacional asuma el pago de los prediarios de los reclusos, así como el bono de vacunación para el personal de salud. Esto significa que las gobernaciones ya no tendrán que afrontar estos costos, lo que se traduce en un alivio financiero para Tarija.
La norma, conocida como Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, especifica que no se realizarán débitos automáticos ni transferencias de recursos por estos conceptos, otorgando así mayor autonomía fiscal a las gobernaciones. Además, se establece que los recursos para los títulos de bachiller serán también responsabilidad del nivel central del Estado.
Gracias a esta ley, la Gobernación de Tarija podrá disponer de más de 13 millones de bolivianos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La gobernadora María René Soruco celebró esta medida, subrayando que no solo fortalece la autonomía departamental, sino que también evita que se financien competencias que corresponden al Gobierno Nacional.
Soruco reiteró que desde el inicio de su gestión ha trabajado para proteger los recursos del departamento y recordó la propuesta presentada ante diversas instancias para limitar la transferencia de responsabilidades económicas a los gobiernos departamentales. En sus redes sociales, la gobernadora detalló el impacto financiero que esta ley tendrá: en 2025, la Gobernación había destinado más de 8 millones de bolivianos al bono de vacunación, cerca de 482 mil para los títulos de bachiller y aproximadamente 4.7 millones para los prediarios de los reclusos, sumando un total de 13.4 millones de bolivianos.
“Construir un país sólido requiere fortalecer las regiones, los departamentos y los municipios”, afirmó Soruco, quien considera que este es un avance significativo en la consolidación del proceso autonómico. La gobernadora confía en que el proyecto de ley sea pronto aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente promulgado por el ejecutivo nacional.
En cuanto a los detalles del proyecto de ley, se establece que serán financiadas con recursos del Tesoro General de la Nación las siguientes obligaciones: el costo del prediario y gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario, el Bono de Vacunación, viáticos de vacunación, y las becas universitarias administradas a nivel nacional, entre otros.
Por su parte, la senadora Marcela Guerrero destacó también la importancia de esta norma y manifestó que el siguiente paso será solicitar un presupuesto menos centralista para el 2027, abogando por una mejor redistribución de recursos.
