Se reevalúa la ley antibloqueos en Diputados tras críticas
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados ha decidido reconsiderar el proyecto de ley antibloqueos, que había sido aprobado a inicios de la semana. Esto significa que la norma no se llevará al pleno y su análisis será revisado.
El diputado Carlos Alarcón, de la agrupación Unidad, anunció que el presidente de la comisión ha comunicado esta decisión. La nueva sesión para discutir el futuro del proyecto se llevará a cabo el próximo miércoles, y se invitará a los autores de otras propuestas para sumarse al debate.
El proyecto de Ley 070/2025-2026, que establece penas para quienes bloqueen rutas y responsabilidades para las autoridades que no atiendan conflictos, fue aprobado el martes. El presidente de la comisión, Manolo Rojas, explicó que se creó el delito de obstrucción grave a las rutas públicas, con penas que oscilan entre tres y diez años de prisión.
El diputado Omar Muriel añadió que las autoridades notificadas sobre un conflicto tendrán un plazo de 15 días hábiles para atenderlo o remitirlo a la instancia correspondiente. Se plantean sanciones para las autoridades que no cumplan con este deber, aumentando las penas por incumplimiento de deberes.
Lo negativo es que se estaba queriendo castigar a autoridades para dejar en la impunidad a los bloqueadores. O sea, se estaba invirtiendo el sentido obvio de una ley antibloqueos.
El legislador Alarcón, quien había criticado el texto aprobado, expresó su satisfacción por la reconsideración de la norma. Aseguró que la ley no debe desviralizarse y que es fundamental abordar la situación de los bloqueadores y las respuestas de las autoridades ante sus demandas.
Por su parte, Vicente Choque, representante del sector evista, también comentó sobre la reciente aprobación en la comisión. Indicó que la nueva ley podría derivar en procesos penales contra las autoridades que permitan bloqueos en sus regiones, sugiriendo un enfoque crítico hacia gobernadores y alcaldes.
Choque sugirió que si la ley se aprobara, podría facilitar acciones como bloquear Santa Cruz y demandar la destitución del gobernador, mostrando así una postura desafiante hacia los gobernantes en caso de incumplimientos legislativos.
