Senadora Yarhui exige continuar investigaciones sobre Cerimedo y otros casos
La senadora Tomasa Yarhui ha pedido que se mantengan las investigaciones sobre el caso de Fernando Cerimedo, las 32 maletas que fueron ingresadas en el aeropuerto Viru Viru, y el cargamento de 189 kilos de oro. Este llamado surge tras las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos que involucran al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y a otras autoridades del sistema judicial.
La legisladora enfatizó que la paralización de estas investigaciones no es una opción. Además, propuso la creación de una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa, que incluiría tanto a senadores como a diputados, con el fin de investigar las acusaciones que llevaron a la revocación de visas a Mariaca y a otros funcionarios.
Las investigaciones abarcan procesos que aún no están completamente esclarecidos. En el caso de las 32 maletas, el Ministerio Público no ha divulgado información sobre su contenido, origen y destino, aunque se informó que cuatro de estas maletas fueron recuperadas en julio. Los principales implicados, la exdiputada Laura Rojas y el exjuez Hebert Zeballos, actualmente se encuentran bajo detención domiciliaria.
En relación al cargamento de oro, se trata de 77 lingotes que suman un peso total de 189,5 kilos y tienen un valor que supera los 20 millones de dólares. El único detenido por este caso, Adrián Lema Roca, fue liberado posteriormente, mientras las investigaciones sobre el origen y los dueños del oro continúan su curso.
Sobre Fernando Cerimedo, la Fiscalía amplió en septiembre las indagatorias por enriquecimiento ilícito, incorporando otros delitos como legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de documentos falsificados. Cerimedo ha sido citado para declarar en calidad de imputado en este caso.
La propuesta realizada por Yarhui se suma a un debate creciente en el ámbito legislativo, a raíz de las acusaciones de Estados Unidos contra Mariaca. La Asamblea Legislativa ha sido convocada para el próximo 5 de octubre con el objetivo de analizar la situación de las autoridades judiciales mencionadas en los señalamientos estadounidenses.
