Tensión gubernamental y crisis económica se acentúan en Bolivia
Faltan solo tres días para que concluya octubre y, a pesar de la calma en las calles, la tensión política se intensifica. El presidente Rodrigo Paz Pereira ha señalado que su gobierno enfrenta un "ataque duro", cuestionando si estas críticas se deben a la reciente remoción de figuras clave vinculadas a escándalos de corrupción.
En el ámbito económico, el dólar continúa su ligero ascenso, superando los 12 bolivianos, mientras el desempleo y la inflación se vuelven más palpables. No obstante, la falta de un debate público significativo sobre estos temas parece reflejar una manipulación de los datos por parte del gobierno.
La filtración de audios que involucran a altos funcionarios del gobierno ha crecido notablemente. La estrategia del gobierno de difundir audios falsos para desacreditar los auténticos no ha dado resultado, gracias al trabajo de verificación realizado por periodistas locales.
La situación se complica aún más tras la caída del tridente de inteligencia policial, cuyos miembros fueron destituidos tras la presión de Estados Unidos. Se investiga qué ocurrió con las cajas fuertes de Sebastián Marset, que contenían no solo dinero y joyas, sino también un celular con información crucial que podría complicar el caso judicial.
Recientemente, se han revelado tres audios que muestran a Fernando Cerimedo activamente involucrado en la administración de asuntos críticos hasta junio, revelando la cercanía que tenía con la familia Paz Pereira. Uno de los audios presenta a Catalina Paz preocupada por la gestión de comunicación y pidiendo ayuda a Cerimedo.
El contexto político también está marcado por el cambio de gestión, ya que se acerca el primer aniversario del gobierno. Aumentos en los precios de los combustibles, la eliminación de subsidios y el acceso al FMI son parte de un panorama que no ha logrado concretar reformas necesarias, como las relacionadas al sector judicial y constitucional.
A pesar de la falta de movilizaciones notorias, los movimientos sociales han comenzado a organizarse nuevamente, declarando estado de emergencia. La incertidumbre económica podría generar reacciones más contundentes a medida que se acerque el 1 de enero, cuando las nuevas obligaciones del FMI se hagan efectivas.
