TSE propone cambios en las reglas electorales y busca su aprobación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está trabajando en una reforma a la normativa electoral, centrada en dos puntos que consideran cruciales: garantizar que las decisiones jurisdiccionales del Órgano Electoral sean exclusivas y eliminar la posibilidad de modificar candidaturas hasta 48 horas antes de las elecciones.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, defendió la necesidad de estos cambios y criticó la legislación actual, que permite sustituciones de candidatos casi hasta el día de la votación. "El único competente en un proceso electoral es el Órgano Electoral", aseguró Ávila, enfatizando que esto debe estar claramente estipulado en la legislación.

Esta propuesta busca abordar inconvenientes surgidos desde la implementación de la Ley de Régimen Electoral de 2010, que incluyen renuncias y cambios de candidatos a pocos días de las elecciones. Un ejemplo reciente fue el caso en La Paz, donde un partido se retiró de una segunda vuelta sin la aprobación del candidato.

El TSE también ha expresado su preocupación por la injerencia de decisiones judiciales en los procesos electorales. Durante las elecciones judiciales de diciembre de 2024, varios recursos constitucionales alteraron la convocatoria, cuestionando principios fundamentales como la preclusión.

Ávila afirmó que es esencial revisar la normativa vigente, con la intención de que las elecciones recientes sean las últimas bajo el marco actual. Una vez que se complete la recepción de propuestas, se procederá a redactar el proyecto y a socializarlo, con el objetivo de presentarlo a la Asamblea Legislativa en noviembre.

A pesar de la necesidad de estos cambios, la confianza pública en el TSE y en su presidente ha sido cuestionada. Ávila fue designado por el presidente Luis Arce en abril de 2024 en medio de polémicas legales, ya que su antecesora, Dina Chuquimia, no había renunciado y había acudido a la justicia para resolver su situación.

Esta controversia se intensificó con el posterior cambio de Gobierno en febrero de 2026, cuando Rodrigo Paz ratificó a Ávila, lo que generó dudas sobre la validez de su posición y la posibilidad de que su mandato se extienda hasta 2030, dependiendo de las interpretaciones legales sobre la duración de su designación.

Analistas advierten que, aunque una nueva normativa electoral pueda mejorar los procedimientos y proteger la preclusión, esto no será suficiente si no se logra una legitimidad institucional clara. El desafío radica en no solo redactar una mejor Ley de Régimen Electoral, sino también en restaurar la confianza en el TSE como árbitro de las elecciones.

Ávila ha reiterado que la reforma debe desarrollarse a través del consenso y el diálogo, con el fin de fortalecer la democracia. Sin embargo, para que esta sea efectiva, es fundamental que se despejen las dudas sobre la legitimidad y la autonomía del Órgano Electoral en el futuro.

"La reforma electoral puede ser una oportunidad para cerrar una década y media de parches y controversias. Pero también puede convertirse en una disputa más por el control de las reglas si no empieza por resolver las dudas sobre la legitimidad y la independencia de quienes hoy tienen la responsabilidad de cambiarlas".

Por lo tanto, el objetivo de establecer reglas claras y seguras para las próximas elecciones requiere que se respete la autoridad del TSE como árbitro, evitando cualquier duda sobre su capacidad para llevar a cabo su función.