Vocales electorales se reunirán para revisar la Ley 243 sobre acoso político
La vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, Adriana Flores, anunció que el jueves se llevará a cabo una reunión en Sucre con vocales mujeres de los tribunales electorales de todo el país. El propósito de este encuentro es analizar posibles cambios a la Ley 243, que se enfoca en la prevención del acoso y la violencia política hacia las mujeres.
La convocatoria fue emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y busca revisar la legislación para asegurar que las conductas a ser sancionadas estén claramente definidas, diferenciando entre aquellas que merecen un tratamiento penal y las que deben ser abordadas desde el ámbito administrativo.
Flores destacó que la Ley 243 tiene un alcance que no se limita solamente a los procesos electorales, sino que también protege a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas, incluso si no obtuvieron sus cargos a través de elecciones. Esta legislación también se extiende a aquellas que ocupan puestos de liderazgo, enfatizando su relevancia en diferentes contextos.
En Tarija, se han documentado ocho renuncias en un entorno marcado por denuncias de acoso y violencia política. A pesar de que no se especificaron los cargos de estas dimisiones, Flores subrayó la urgencia de discutir modificaciones a la ley, en vista de esta problemática.
Uno de los aspectos que requiere claridad es la distinción entre las acciones que constituyen acoso o violencia política y aquellas que podrían considerarse faltas administrativas. Flores ejemplificó que ciertas conductas deberían ser tratadas en el ámbito penal, mientras que otras podrían ser evaluadas por comisiones de ética en concejos municipales o asambleas legislativas departamentales.
La reunión en Sucre tiene como objetivo establecer directrices para el análisis de esta ley y coordinar esfuerzos con los sectores involucrados, incluido aquellos que se encuentran amparados por esta normativa.
La Ley 243 fue creada para prevenir, atender y sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres, asegurando así que puedan ejercer sus derechos políticos sin sufrir presiones ni agresiones relacionadas con su desempeño en funciones públicas.
