Economista advierte sobre limitaciones de la nueva Ley de Inversiones
Martín Moreira, economista y parte de la Red Boliviana de Economía Política, ha expresado su preocupación sobre el proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según él, las disposiciones de estabilidad jurídica, incentivos tributarios y arbitraje internacional contenidas en esta normativa podrían tener efectos adversos.
El economista destacó la importancia de atraer tanto inversiones nacionales como extranjeras para reactivar la economía, promover la creación de empleos, incorporar nuevas tecnologías y afrontar la escasez de divisas en el país. Sin embargo, enfatizó que cualquier inversión debería estar acompañada de compromisos claros que aseguren que una porción significativa de los beneficios permanezca en Bolivia.
Moreira señaló que el proyecto de ley, que consta de 103 artículos, podría ofrecer garantías generales a los inversionistas sin establecer previamente condiciones para sectores estratégicos, como la minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. Esta secuencia podría limitar la capacidad de negociación del Estado en áreas consideradas vitales para el desarrollo nacional.
También manifestó su escepticismo respecto a la estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional, advirtiendo que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deben comprometer la facultad del Estado para ajustar políticas tributarias, ambientales o regulatorias en función de nuevas realidades.
Sobre los incentivos fiscales, Moreira sugirió que se realice un análisis sobre el impacto que estos tendrían en la recaudación estatal y los beneficios tangibles que se obtendrían a cambio, tales como la creación de empleo, la transferencia de tecnología y el desarrollo productivo.
Por último, el economista subrayó que la Ley de Inversiones debería priorizar aquellos proyectos que aseguren la creación de empleo formal, el uso de tecnología, el apoyo a proveedores nacionales y la generación de valor agregado, así como proteger los recursos naturales y evitar que la atracción de inversiones conlleve una rápida transferencia de activos estatales.
