Nuevas tarifas de diésel generan preocupación por posible aumento en precios
La reciente decisión del Gobierno de fijar un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores ha suscitado descontento entre diversos grupos, tales como transportistas, campesinos y gremiales. A pesar de que el Ejecutivo afirma que no habrá repercusiones en los precios de los productos de primera necesidad, estos sectores advierten que es probable que deberán ajustar sus tarifas operativas en respuesta al nuevo costo del combustible.
El decreto 5676, emitido a altas horas del domingo, ha causado cierta confusión debido a las definiciones de los términos empleados, como "Graco" y "cliente directo". Por un lado, los "Gracos" son empresas que aportan significativamente al sistema impositivo, mientras que los "clientes directos" son grandes industrias que requieren despachos de YPFB en lugar de abastecerse en surtidores. A pesar de que el decreto también establece una tarifa para los usuarios que consumen entre 120 y 5.000 litros mensuales, se ha aclarado que estos últimos no estarán sujetos a aumento siempre que mantengan su consumo habitual.
La Asociación de Surtidores (Asosur) había anunciado previamente restricciones a la cantidad de diésel que se puede cargar fuera del tanque, limitando a 120 litros al mes. Este volumen seguirá a un precio de 9,80 bolivianos, a menos que se exceda el límite, lo cual podría llevar a un incremento en los precios de los productos finales en la cadena de suministro.
Desde el mes de abril, se ha notado un aumento en las filas en los surtidores, una situación que ha sido atribuida a la eliminación de la "gasolina basura" del sistema. El Gobierno argumenta que el nuevo precio busca desincentivar el contrabando y que los grandes consumidores ya estaban pagando precios más altos por el diésel, entre 19 y 25 bolivianos por litro. Sin embargo, muchos pequeños empresarios y transportistas temen que estos costos adicionales se trasladen a los precios de los bienes y servicios que ofrecen.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, ha reconocido que el ajuste de precios tiene como objetivo "sincerar" el costo del diésel para los grandes consumidores, aunque también se busca facilitar la entrada de empresas privadas en el mercado de hidrocarburos. A este respecto, se prevé la posible eliminación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la transferencia de la responsabilidad de comercialización a la iniciativa privada.
En un contexto paralelo, el Gobierno de Bolivia se encuentra en negociaciones con representantes de Santa Cruz para abordar la crisis de abastecimiento de combustibles. Como parte de estas negociaciones, se acordó la creación de un cronograma diario que informe sobre los volúmenes programados y efectivamente despachados de gasolina y diésel en el departamento. El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, ha afirmado que se están implementando medidas para asegurar el suministro, y se estima que las filas por gasolina se resolverán en un plazo de dos a tres días.
Las propuestas de las instituciones cruceñas incluyen la eliminación de restricciones para la importación privada de combustibles y un llamado a un debate nacional sobre una reforma legal y constitucional del modelo energético del país. Además, se solicitaron acciones penales por corrupción vinculadas a YPFB y otros organismos estatales, reflejando la creciente preocupación por el manejo de recursos en el sector energético. Las partes se reunirán nuevamente el 31 de agosto para evaluar los avances en estas negociaciones.
