Más de 25 millones de bolivianos aún retenidos en el Gobierno Central
La reciente Ley de Adecuación de Obligaciones para los Gobiernos Departamentales, enfocada en el IDH, ha permitido la liberación de aproximadamente 15 millones de bolivianos para Tarija. Esto incluye fondos destinados al Bono de Vacunación, la emisión de títulos de Bachiller y los prediarios del Régimen Penitenciario, con montos específicos de 8,2 millones, 482.700 y 4,7 millones, respectivamente. La gobernadora María René Soruco celebró esta medida como un paso hacia la recuperación de la soberanía departamental, que entrará en vigencia con su publicación oficial.
No obstante, persisten más de 25 millones de bolivianos en el presupuesto nacional, lo que genera preocupación entre diferentes actores. El Fondo de Incentivos, que destina aproximadamente cinco millones a las empresas petroleras por acelerar sus proyectos, es uno de los principales puntos de controversia, ya que sus resultados han sido limitados desde 2017.
Además, la Renta Dignidad, que se financia con recursos departamentales, también es considerada una competencia nacional, con un costo de 15 millones de bolivianos. Otras obligaciones que continúan afectando el presupuesto departamental incluyen el Fondo Estatal de Vivienda, la Oficina Trinacional del Pilcomayo, el Cereci, la Casa Dorada, el Observatorio de Santa Ana y el Fondo de Fomento Cívico Patriótico.
El debate sobre el futuro del Pacto Fiscal se torna urgente. A pesar de los 15 millones liberados, la discusión sobre los 25 millones restantes y la clarificación de las competencias y recursos asignados a cada nivel del Estado sigue estancada. Las propuestas previas de un reparto equitativo del IDH que se hicieron durante la campaña electoral parecen desvanecerse sin avances concretos.
