Puntos Esenciales del Acuerdo entre el Gobierno y el FMI
Tras dos semanas de negociaciones y el compromiso del ministro de Economía, Christian Morales, se ha dado a conocer el acuerdo alcanzado con el FMI, que destaca por su enfoque en la crisis fiscal y los desafíos económicos actuales.
Diagnóstico y Ajuste Fiscal
El acuerdo reconoce una crisis fiscal y externa significativa, con un déficit fiscal proyectado de 11% del PIB para 2025. Se estima que la monetización del déficit alcanzará el 7% del PIB, lo que equivale a aproximadamente 4.400 millones de dólares, además de una deuda pública superior al 80% del PIB. La caída en la producción de gas y el agotamiento de las reservas internacionales son también factores preocupantes.
Asimismo, se prevé un ajuste fiscal profundo de alrededor del 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. Este ajuste se concentrará en los primeros años, con la meta de eliminar el déficit primario al concluir el programa y reducir el déficit global a un 3,5% del PIB para el año 2029.
Cambios en Subsidios y Tipo de Cambio
El subsidio a los combustibles está programado para finalizar; aunque los precios se mantendrán congelados hasta 2026, se espera que, a partir de enero de 2027, los combustibles reflejen sus costos reales y que el Presupuesto de ese año no contemple subsidios a este sector.
El acuerdo también consolida la transición hacia un tipo de cambio flexible, abandonando el sistema de tipo de cambio fijo. De ahora en adelante, el tipo de cambio será determinado por el mercado, con intervenciones limitadas del Banco Central de Bolivia (BCB). Las entidades bancarias tendrán la libertad de realizar operaciones cambiarias a tasas de cambio negociadas libremente.
Además, el BCB dejará de financiar al Estado, estableciendo un criterio continuo de cero nuevo crédito neto al sector público no financiero. Esto marcará un cambio crucial en la relación entre la política fiscal y monetaria del país.
Estrategias de Inversión y Liberalización
El acuerdo incluye una propuesta para una liberalización más amplia de precios y comercio, con la eliminación gradual de controles sobre precios y restricciones en las exportaciones de alimentos y energía, una de las reformas estructurales más significativas del memorando.
Se contemplará una revisión de los marcos regulatorios y tributarios en el sector de hidrocarburos y minería para atraer inversión privada, al tiempo que se asegurará una "proporción adecuada" de las rentas para el Estado. En el sector hidrocarburífero, se buscará recuperar inversiones y detener la caída en la producción de gas.
Aunque no se prevé un aumento significativo de impuestos de inmediato, el Gobierno se compromete a desarrollar una Estrategia de Movilización de Recursos Internos, que incluirá medidas tributarias y una reforma aduanera, en coordinación con el FMI. Esto implica que el ajuste inicial recaerá principalmente en el gasto público.
Finalmente, el FMI jugará un papel crucial en la supervisión del programa, con revisiones trimestrales que incluirán metas para reservas internacionales y resultados fiscales. En caso de que se presenten choques adversos, se podrán implementar medidas adicionales en conjunto con el FMI.
