El Estado de Excepción logra despejar rutas, pero el conflicto social persiste
El Gobierno de Rodrigo Paz implementó un Estado de Excepción que resultó en el desalojo de las principales carreteras del país, que habían estado bloqueadas durante más de 50 días. Aunque esta medida ayudó a recuperar la transitabilidad, no ha puesto fin a la crisis social en curso.
A partir del 1 de septiembre, la Confederación Sindical de Choferes anunció su intención de movilizarse al finalizar el Estado de Excepción. Su líder, Lucio Gómez, expresó su descontento con el Decreto Supremo 5676, señalando que la escasez de combustibles sigue siendo un problema crítico, evidenciado por el aumento de las filas en las estaciones de servicio.
La presión por parte de otros sectores también se intensifica. Agricultores, transportistas, organizaciones campesinas y grupos cívicos han decidido poner en marcha diversas acciones en contra del mencionado DS 5676. En el Trópico de Cochabamba, se prepara una marcha para el 4 de septiembre, mientras que la Federación Norte de San Julián ha programado un bloqueo para este miércoles.
El Gobierno defiende que el Estado de Excepción ha sido efectivo en recuperar la circulación en las vías, advirtiendo que la Policía garantizará el cumplimiento de la medida si el diálogo no prospera. Sin embargo, despejar las carreteras no aborda las raíces del descontento que llevaron a su cierre.
Con el Estado de Excepción en vigor hasta el 20 de septiembre, el interrogante persiste: ¿realmente el Gobierno ha logrado desactivar la crisis o simplemente ha ganado tiempo al liberar las rutas?
