El FMI regresa a Bolivia con un acuerdo de 1.900 millones de dólares tras más de dos décadas
El Gobierno de Bolivia ha concretado un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa técnico que asciende a 1.900 millones de dólares. Este acuerdo tiene como objetivo respaldar las reformas económicas implementadas por la Administración de Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia en noviembre de 2022, y representa el retorno del FMI a Bolivia después de más de dos décadas de distancia.
La economía boliviana ha enfrentado serios desafíos en los últimos años, con una crisis que se intensificó en 2023. Entre los problemas destacados se encuentran la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles, la caída de las reservas internacionales netas y una inflación que alcanzó el 20,40% en 2025. En ese mismo año, el déficit fiscal se situó en 12,2% y la economía experimentó una contracción del 1,58%.
Uno de los factores que ha contribuido a esta crisis es el descenso en la producción de gas natural, que históricamente ha sido fundamental para la economía del país. La producción, que llegó a un máximo de 61 millones de metros cúbicos diarios en 2014, está proyectada para este año en 26 millones de metros cúbicos diarios.
Bajo el liderazgo de Rodrigo Paz, el Gobierno ha comenzado a implementar ajustes económicos, como la reducción de subsidios a los combustibles y la transición de un régimen cambiario fijo a uno más flexible, en respuesta a la escasez de divisas. A pesar de los signos de recuperación observados en el primer cuatrimestre de 2025, incluyendo un superávit fiscal cercano al 0,5% y una balanza comercial positiva de más de 1.300 millones de dólares, las protestas de mayo y junio han impactado negativamente en el crecimiento, que podría caer entre 0,7% y 1%.
Durante su campaña electoral, Paz había indicado que no consideraba una asociación con el FMI como prioridad, sin embargo, tras asumir el cargo, su administración entabló conversaciones con el organismo. El acuerdo fue anunciado el 29 de julio, tras una serie de negociaciones realizadas entre mayo y junio.
Aunque los detalles específicos del acuerdo aún no se han hecho públicos, se sabe que está enmarcado dentro del Servicio Ampliado del FMI y se destinará a apoyar el programa de reformas económicas del Gobierno. Las autoridades esperan que este respaldo no solo ayude a estabilizar la situación económica, sino que también facilite la obtención de financiamiento adicional de otros organismos multilaterales, que podría alcanzar al menos 5.000 millones de dólares.
El acuerdo deberá ser aprobado tanto por el directorio del FMI como por el Legislativo boliviano. Según el Gobierno, se contempla un periodo de gracia de cuatro años y una tasa de interés que variará entre el 4% y el 4,5%.
Entre las medidas que se han comprometido se incluye la racionalización del gasto público, la reducción gradual del déficit fiscal y la promoción de reformas que mejoren el clima para los negocios, buscando generar un crecimiento económico sostenible con un enfoque en la protección social.
El Gobierno ha subrayado que este acuerdo no implica la imposición de condiciones, ni una pérdida de control sobre su política económica, sino que representa un apoyo internacional a su estrategia para la reconstrucción económica. Sin embargo, figuras opositoras como el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina han expresado la necesidad de conocer más sobre el contenido del acuerdo y han señalado que el monto acordado es insuficiente frente a las necesidades del país.
Este es el primer acuerdo formal con el FMI en más de 20 años, dado que bajo las administraciones de Evo Morales y Luis Arce, la relación con el organismo fue tensa debido a diferencias ideológicas.
