Gobierno de Bolivia evalúa el cierre de hasta diez empresas estatales
El Gobierno encabezado por Rodrigo Paz está llevando a cabo una reestructuración de las empresas estatales, en la cual se contempla la posibilidad de cerrar, liquidar o transformar aquellas que no sean viables. Esta evaluación podría afectar a entre ocho y diez entidades, según lo indicado por el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, indicó que se realizarán diagnósticos técnicos a las empresas para decidir cuáles tienen el potencial de seguir operando y cuáles representan un lastre para las finanzas del país. El nuevo mecanismo aprobado dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado para 2026 facilita la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central.
Los problemas financieros que enfrentan diversas entidades públicas han impulsado esta evaluación. La OFEP ha identificado a 15 empresas que se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas que ascienden a aproximadamente Bs 3.637 millones. Entre las empresas en crisis se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
Reducción de inversiones estatales
Como parte del plan gubernamental para reducir el déficit fiscal, se prevé una disminución de Bs 3.800 millones en los aportes de capital destinados a empresas públicas. Espinoza aclaró que la intención no es cerrar automáticamente estas entidades, sino más bien evaluar qué medida resulta más conveniente, ya sea mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas, asociarlas con el sector privado o proceder con su liquidación.
Entre las empresas en evaluación se incluye una dedicada a la producción de papas fritas en El Alto, que enfrenta un futuro incierto. La decisión sobre su destino dependerá de los resultados de la evaluación, que podría llevar a su cierre, transferencia o un esquema de asociación público-privada.
El objetivo del Gobierno es reducir una estructura empresarial estatal que ha demandado recursos públicos durante años, obligando a varias empresas a demostrar su capacidad para operar sin convertirse en una carga para el Estado.
