Nueva norma del Gobierno modifica uso del Fondo del 6% para bancos
El Gobierno de Rodrigo Paz ha implementado el Decreto Supremo 5693, que establece medidas temporales para entidades financieras que no cumplan con sus niveles mínimos de solvencia hasta el 31 de julio de 2026, en un contexto económico complicado. La intención de este decreto es prevenir un deterioro mayor y asegurar la continuidad de los servicios financieros.
Uno de los aspectos más polémicos de esta normativa es el uso transitorio del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026 con un porcentaje de las utilidades netas de los bancos. Este fondo fue diseñado para mejorar el acceso al financiamiento, enfocándose en garantías para vivienda social y créditos productivos, pero ahora se plantea un cambio de rumbo.
Con el DS 5693, el mencionado fondo podrá emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial a las entidades financieras que enfrenten problemas de solvencia. La validez de estos certificados será de un máximo de 90 días, lo que implica que fondos que originalmente estaban destinados a mejorar el acceso al crédito pueden ser utilizados para reforzar el patrimonio de las instituciones financieras.
Este cambio ha suscitado un debate relevante sobre el estado del sistema financiero. Si ciertas entidades requieren mecanismos extraordinarios para mejorar su solvencia, surge la inquietud sobre la gravedad de la situación financiera actual. Aunque esta normativa no indica necesariamente que haya una crisis bancaria sistémica, sí plantea interrogantes sobre la salud del sector.
Además, existe una implicancia política y social clara, ya que los recursos del fondo del 6% que antes se destinaban a facilitar el acceso a vivienda y créditos productivos ahora podrían ser usados para mejorar la situación patrimonial de los bancos. Este fondo tenía el objetivo de facilitar el acceso a vivienda de interés social, incluso cubriendo parte del aporte que los bancos requieren.
La gran pregunta que queda en el aire es si el Gobierno está buscando proteger al sistema financiero para evitar una crisis más profunda, o si, por el contrario, está sacrificando recursos que deberían estar dirigidos a la vivienda y la producción para solucionar problemas de solvencia de las entidades bancarias.
