Propuesta de Ley de Inversiones: Lo que se anticipa de este cambio normativo
El presidente Rodrigo Paz confirmó que el próximo martes presentará a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Inversiones, que forma parte de un conjunto de reformas económicas que también incluirá nuevas normativas en áreas como hidrocarburos, energía, minería y alianzas público-privadas. Aunque el acuerdo para esta agenda fue alcanzado en abril, hasta el momento no se ha divulgado el texto de ninguna de las reformas.
La nueva Ley de Inversiones tiene como objetivo convertirse en el marco legal fundamental de la estrategia económica del gobierno. Según lo indicado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, la ley busca generar “reglas claras para proteger el capital privado”, mejorar la “seguridad jurídica” y disminuir la incertidumbre para los inversionistas en Bolivia. No obstante, críticos señalan la falta de quórum en el Tribunal Constitucional.
El proyecto, si sigue la línea económica sostenida por el Gobierno y toma en cuenta algunas propuestas excluidas del controvertido DS 5503 tras las protestas sociales, se sustentaría en cinco pilares principales. Primero, se reforzaría la seguridad jurídica, limitando las expropiaciones y estableciendo procedimientos de arbitraje más claros, en concordancia con normativas internacionales supervisadas por la OCDE. Además, se ofrecerían garantías para evitar modificaciones unilaterales a los contratos por parte del Estado.
En segundo lugar, se buscaría asegurar un trato equitativo entre inversiones nacionales y extranjeras, similar a lo que practican países como Perú y Uruguay, que brindan condiciones iguales a inversionistas foráneos, salvo en sectores estratégicos. El DS 5503 intentó abrir sectores considerados estratégicos, aunque su implementación fue rechazada.
El tercer aspecto clave sería la creación de un nuevo sistema de incentivos tributarios y administrativos, que no necesariamente implique una baja generalizada de impuestos, sino beneficios específicos para proyectos que generen empleo y desarrollo tecnológico. También se espera una simplificación de trámites, algo que el sector privado ha demandado con frecuencia.
El cuarto pilar contempla una mayor participación del sector privado en áreas donde el Estado ha tenido una presencia mayor. El Gobierno ha mencionado que esta Ley de Inversiones marcará el inicio de reformas en sectores que requieren significativas inversiones de capital y tecnología.
Por último, es probable que la norma incluya mecanismos para la resolución de controversias, como arbitrajes tanto nacionales como internacionales, un aspecto que ha llamado la atención de inversores extranjeros desde que Bolivia se retiró de varios tratados bilaterales de inversión en años anteriores.
El antecedente del DS 5503, que intentó fomentar la participación privada en sectores estratégicos y fue eliminado tras la oposición social, influye en la decisión del Gobierno de presentar este nuevo proyecto como ley, lo que podría ofrecer una base más sólida y un respaldo político más amplio.
También se espera que esta ley regule el uso de recursos del Fondo de Pensiones en la inversión productiva en el país, fundamental para financiar grandes proyectos, aunque ha sido objeto de críticas respecto a sus retornos y la forma de toma de decisiones.
Más allá del contenido técnico, el verdadero desafío será político. La nueva ley debe generar confianza entre los inversionistas y, al mismo tiempo, evitar que sectores sociales interpreten esta apertura como una privatización. El Gobierno sostiene que su intención es complementar el papel del Estado con la inversión privada para revitalizar la economía, que enfrenta limitaciones fiscales y una creciente necesidad de financiamiento.
En cuanto a los efectos sociales, se han expresado preocupaciones en otros países sobre el impacto de leyes similares en el empleo y el medio ambiente. En Bolivia, donde la inversión empresarial local es relativamente baja, el panorama podría ser diferente.
